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Roma

El Derecho Romano y su influencia

La ley romana, como se revela a través de textos legales antiguos, literatura, papiros, tabletas de cera e inscripciones, cubrió aspectos de la vida cotidiana romana como el crimen y el castigo, la propiedad de la tierra y la propiedad, el comercio, las industrias marítimas y agrícolas, la ciudadanía, la sexualidad y la prostitución, esclavitud y manumisión, política local y estatal, responsabilidad y daños a la propiedad, y la preservación de la paz. La ley se estableció a través de una variedad de medios, por ejemplo, a través de estatutos, decisiones magistrales, edictos de emperador, decretos senatoriales, votos de asamblea, plebiscitos y las deliberaciones de un asesor legal experto, por lo que se volvió lo suficientemente polifacético y flexible como para enfrentar las circunstancias cambiantes de el mundo romano, de la política republicana a la imperial, del comercio local al nacional y de la política estatal a interestatal.

Una de las fuentes más importantes sobre el derecho romano es el Corpus Iuris Civilis, compilado bajo los auspicios de Justiniano I y que abarca, como su nombre lo indica, el derecho civil; uno de sus cuatro libros, el enorme Digest, cubre todos los aspectos del derecho público y privado. Otras colecciones de leyes incluyen el Codex Gregorianus (emitido en el 292 A.C.) y el Codex Hermogenianus (emitido en el 295 A.C.), ambos nombrados en honor a juristas prominentes en el reinado de Diocleciano y que incluyen colectivamente más de 2.500 textos. También está el Código de Teodosia, una colección de más de 2.700 leyes compiladas en 430 y añadidas en años posteriores y, finalmente, el Codex Iustinianus (528-534 A.C.) que resumió y amplió los códices más antiguos. Luego, también hay tipos específicos de documentos legales que han sobrevivido desde la antigüedad, como documentos de negociación que revelan transacciones comerciales de todo tipo, desde alquileres y contratos de arrendamiento hasta contratos que describen la transferencia de propiedades. Las inscripciones también pueden revelar las leyes y sus implicaciones, ya que al colocarlas en monumentos públicos, publicaron nuevas leyes o dieron gracias por las victorias judiciales a quienes ayudaron a la parte involucrada.

La ley romana era de naturaleza acumulativa, es decir, se podía agregar una nueva ley al corpus legal o reemplazar una ley anterior. Los estatutos (leges), los plebiscitos, los decretos senatoriales (decreta), los casos decididos (res iudicatae), las costumbres, los edictos (senatusconsulta) del Emperador, los magistrados u otros altos funcionarios, como los pretores y ediles, podrían ser fuentes de la ley romana.

Quizás uno de los mayores beneficios de la ley romana fue que, a medida que el imperio creció y las poblaciones se hicieron más diversas, la ley y su protección de los ciudadanos actuaron como una fuerza vinculante para las comunidades y fomentaron la expectativa de que los derechos de los ciudadanos (y con el tiempo incluso los derechos de los no ciudadanos) se mantendrían y se establecería un sistema por el cual se podrían corregir los errores. Además, los romanos nos han transmitido no solo muchos términos legales que todavía se usan hoy en el campo del derecho, sino también su pasión y experiencia por una terminología legal precisa y exacta para evitar la ambigüedad o incluso la mala interpretación de la ley; una vez más, un enfoque que todos los documentos legales modernos intentan emular.

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Orígenes

El concepto de Estado de derecho

El estado de derecho es un principio de gobernanza que define el estado de la ley en el gobierno de un estado, así como la relación que el gobierno y sus representantes deberían tener con respecto a la ley. Si bien el principio del estado de derecho tiene su origen en las tradiciones jurídicas europeas (uno a menudo relacionado con las tradiciones principales del Estado de derecho inglés, el Rechtsstaat alemán y el francés Etat de Droit), ahora se ha convertido en un principio en el corazón de muchas constituciones en todo el mundo.

El concepto del estado de derecho, o más bien debería decirse algunos de los principios que sustentan el estado de derecho, tiene su origen en la Antigua Grecia (entre 500 y 300 a. C.), donde participó en la autodefinición de la comunidad política de la ciudad. Durante ese tiempo de gran innovación política hacia la democracia ateniense, el estado de derecho encontró su expresión en la idea de que la ley podría actuar como la barrera más eficiente y legítima contra el poder discriminatorio y arbitrario del gobernante. El propio Aristóteles abordó el tema en su obra maestra Política, en la que comparó las ventajas de ser gobernado por «el mejor hombre» o «las mejores leyes». Sin embargo, había que esperar varios siglos antes de que el estado de derecho fuera conceptualizado e implementado en el contexto de los sistemas jurídicos nacionales caracterizados por un alto grado de centralización, institucionalización y jerarquización. Esto es particularmente cierto si tenemos en cuenta la tradición europea del estado de derecho y sus variantes: el Estado de derecho inglés, el Rechtsstaat alemán, y el francés Etat de Droit. Aunque estas tres tradiciones obviamente comparten elementos comunes, el contexto nacional en el que evolucionaron influyó profundamente tanto en su contenido como en su naturaleza y funciones normativas.

Las tres tradiciones legales detalladas anteriormente comparten algunas características comunes a pesar de sus diferencias fundamentales; a este respecto, el estado de derecho sirvió en las tres como un principio para descartar el «poder real desenfrenado e inexplicable» de los monarcas. El imperio de la ley significa que la sociedad se rige por la ley y que el gobernante solo puede tomar sus decisiones de acuerdo con la ley mientras se somete a la ley, él mismo. El estado de derecho funciona, por lo tanto, como la barrera definitiva contra el gobierno del hombre, el poder arbitrario del gobernante, así como la violencia ilegal. Además, proporciona a los ciudadanos instrumentos concretos para obligar a los órganos estatales a actuar dentro de los límites establecidos por la ley. Sin embargo, el estado de derecho no tiene como objetivo transformar el poder desenfrenado del soberano en un poder desenfrenado de la legislatura o el poder judicial; está, de hecho, también inmerso en la búsqueda de un buen equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.